Capacidades jurídicas y de control

El proceso de Transformación digital del Estado sentará un precedente para que las municipalidades trabajen en los procesos y sistemas que permitan mantenerse activos y con la continuidad que el servicio requiere. No obstante, y ante la proximidad cierta de su implementación aún no existe claridad sobre cómo sorteará nuevos retos, en un contexto de brechas y asimetrías municipales.

 

Situación actual:

Hoy en día sabemos que la ley mandata el cumplimiento normativo como sustento base, lo que se complementa con la definición de estándares y condiciones en el uso de las plataformas electrónicas, radicándose la responsabilidad de cada órgano de la Administración del Estado en adecuar sus sistemas para cumplir con la Ley de Transformación Digital del Estado (LTDE) y su normativa relacionada. No obstante, se considera que es el Estado el que debiese resguardar en su implementación la heterogeneidad de cada institución y territorio. Como hemos visto durante este capítulo la Transformación digital contiene tras su establecimiento un marco normativo definido por una serie de regulaciones que en su conjunto conforman el sistema regulatorio, de lo cual es posible comprender como el proceso se ha venido preparando a partir de casos exitosos aplicados en el ámbito público. En este sentido la transformación digital del Estado en Chile, consigna a su haber ciertas claves para su implementación reconociéndose a la tecnología como un recurso critico poniéndose al servicio de las personas hacia un fin público.

 

Hallazgos detectados:

En cuanto a los objetivos de la LTDE:

  • Los objetivos de la Ley no conectan con la noción de Administración Electrónica, debilitándose estos en su instalación y cumplimiento, lo que no obsta a que con el tiempo se constituya, según avance el proceso.
  • Se evidencia la existencia de profundas deficiencias en la capacitación de las personas en el uso de herramientas digitales, comprendiéndose dentro de este punto, el desconocimiento sobre programas básicos (Word, Excel) como en el proceso que se va a llevar a cabo o sobre el uso de los equipos.
  • La indefinición de roles y responsabilidades impactarán directamente en el cumplimiento normativo.
  • La unidad de informática posee un rol estratégico pero subvalorado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
  • La capacidad de infraestructura actualmente no se encuentra acorde al cumplimiento exigido por la ley.

En cuanto a los procesos que se implementarán:

  • Comunicaciones: No existen referencias ni definición de carácter transversal en torno a las comunicaciones oficiales. Se presenta la necesidad de un buen sistema de gestión documental y de un “work group” que genere el flujo documental dentro del municipio. Actualmente el sistema municipal cuenta con un régimen de comunicaciones de carácter híbrido. Las disposiciones relacionadas a la gestión documental son de antigua data, lo que no garantiza que puedan ser incorporadas en plenitud al proceso de Transformación digital. Existe incertidumbre en cuanto a la transversalidad en el uso de las plataformas.
  • Notificaciones electrónicas: Las notificaciones electrónicas en los Juzgados de Policía, se constituyeron en el primer paso a una tramitación digital. La configuración del domicilio digital, un tema pendiente de resolver.
  • Procedimientos administrativos: Las comunicaciones que se realicen en el marco de los procedimientos administrativos no poseen jurídicamente una regulación clara y precisa que determine cómo resolver y/o restringir de alguna manera la sustitución de soportes. La regulación de los documentos electrónicos, aún se encuentra en proceso de configuración.
  • Digitalización de documentos: la Transformación digital no es sinónimo de digitalización. Procesos de fiscalización aun requieren de la documentación en soporte papel, lo que contraviene contra los objetivos y principios establecidos en la LTDE.
  • Expedientes: La LTDE no contempla un concepto de expediente, lo cual no permite establecer hasta ahora cual es el alcance de este proceso en el marco de la transformación digital, menos aún poder identificar qué elementos son los que determinarán su existencia y contenido, más allá de los simplemente identificados en el artículo 18 LPA. La noción de expediente electrónico no consigna un estándar mínimo que asegure su actualización, que permita el ejercicio pleno de los derechos de los interesados.
  • Interoperabilidad: La posibilidad de interactuar tanto al interior de la municipalidad, como con funcionarios y los contribuyentes de manera digital, surge como primera mención dentro de este proceso. La infraestructura de conectividad definirá el éxito del proceso. La necesidad de una institucionalidad instalada. Dentro de las limitaciones de la interoperabilidad se contempla: la interoperabilidad en Chile sólo se establece desde su concepción técnica, pero sin considerar a los procedimientos administrativos que les dan soporte, restándose el valor procedimental declarado dentro de sus fundamentos. La falta de un enfoque semántico que determine el fin de la interoperabilidad da cuenta del cumplimiento de una norma bajo un propósito meramente operativo que no permite trascender en el ámbito desarrollo e integración de los servicios de la administración del Estado, menos aún fortalecer un sistema de gobernanza de servicios públicos integrados.
  • En cuanto a los límites de la transformación digital: La falta de una institucionalidad determinará que cada institución busque sus propias soluciones para dar respuesta a lo que la “ley nos está obligando a ir”. La disponibilidad de acceder a documentos digitalizados es sin duda un aspecto considerado “muy útil (…) y no solamente con el usuario externo, sino que también internamente” para la realización de trámites de manera más rápida y con mejor acceso. Así como también la integración de todos los procesos, los que en particular cumplen precisamente con los principios de oportunidad y eficiencia, aunando criterios que entre todas las áreas y todos los municipios “sobre cómo se deben hacer las cosas en digital”. La protección de la infraestructura de la información da cuenta de la necesidad de contar de una con mayor robustez y resiliencia que les permita a los funcionarios(as) “tener una sinergia entre todas las secciones” que se administran por unidad, siendo preciso atender a procesos internos y con el objetivo de poder otorgar un mejor servicio a la comunidad.  Las vulnerabilidades de los actuales sistemas en su relación con la protección de los datos, se traduce en una constante amenaza en su tratamiento.

 

Síntesis de resultados:

  • Existe un patrón en común entre las distintas realidades comunales. Las municipalidades si bien no cuentan hoy con los recursos ni preparación adecuada para sortear con pleno éxito el proceso, si existe una alta expectativa, lo que no resta a la posibilidad a que algunas puedan concretar dicho cambio dando un paso un poco más allá.

 

Lo que verdaderamente inspira a los funcionarios municipales, es poder constituirse en un Gobierno Municipal Digital, mediante el cual se promueva una mayor vinculación con las entidades gubernamentales, fuerzas vivas de la comuna y las asociaciones. Es lo que en buenos términos permitirá sentar las bases de un sistema de gobernanza de servicios públicos integrados.