Antecedentes

La transformación digital representa hoy en día una oportunidad única para la mejora de los procesos en la gestión pública y para brindar servicios públicos de mejor calidad. Para avanzar en este desafío, a fines del año 2019 se publicó la Ley N°21.180 de Transformación Digital del Estado que modifica las bases de los procedimientos administrativos para su digitalización. Su implementación será gradual para los distintos órganos de la Administración del Estado comprendiendo un lapso de cinco años.

En este contexto, a las municipalidades del país se les abren muchas oportunidades considerando que la digitalización de sus procesos de gestión contribuiría no solo a mejorar su eficiencia, sino que también a resolver las dificultades de acceso a servicios y trámites del Estado.

Para contribuir al éxito de este proceso será clave contar con funcionarios y funcionarias municipales altamente capacitados respecto a las implicancias de la ley, con un trabajo estratégico y mancomunado entre las direcciones municipales, también con la mirada técnica que brinde el personal de informática a los distintos aspectos que se deben considerar en la implementación, sumado al liderazgo de las autoridades municipales para hacer frente a aspectos como la resistencia al cambio, entre varios otros factores claves que se deberán tener en consideración a nivel organizacional. A lo que se suma también, la importancia de un trabajo con foco en la gobernanza territorial y en la vinculación público-privada y un trabajo aunado con los organismos del nivel central de gobierno.

Sin embargo, el sistema municipal enfrenta importantes debilidades para hacer frente a estos desafíos, las que se expresan, por ejemplo, en importantes brechas entre ellas respecto de sus capacidades de desarrollo e infraestructura tecnológica, en una ausencia de gestión con foco en la optimización de procesos, un escaso nivel de digitalización, un bajo nivel de profesionalización de su capital humano, una débil estrategia de alineamiento con los objetivos dispuestos por distintos organismos del nivel centro de gobierno responsables de esta materia, entre otras debilidades más.